Mis recortes de diarios

"Tiene muy baja cobertura”

Por Roberto Navarro

Hace 27 años la dictadura militar chilena privatizó el sistema previsional del país vecino. Luego de casi tres décadas de funcionamiento se lo considera un sistema maduro. Por eso mismo se pueden sacar conclusiones sobre su performance que permiten vislumbrar lo que sería el futuro de los jubilados en Argentina de persistir el régimen de AFJP. Marcel Claude, uno de los más destacados economistas chilenos, en diálogo con Cash aseguró que “las AFP chilenas fracasaron”.

 El sistema de AFP ya está maduro. ¿Cuál es el balance?

 –La situación en Chile no es muy distinta de la que se observa en Argentina. Es un rotundo fracaso desde el punto de vista de su objetivo: construir un sistema de pensiones y resolver el tema de las jubilaciones de las personas. El sistema en Chile tiene varios problemas. En primer lugar, se decía que el régimen de pensiones privadas iba a disminuir las necesidades del Estado de recurrir a fondos tributarios, eso no sucedió: hoy Chile destina a jubilaciones un 6 por ciento del PBI, que representa un tercio del gasto público total. Es una mochila gigantesca teniendo presente que en la actualidad el Estado se hace cargo de más o menos 1,5 millón de personas. El sistema de AFP tiene siete millones de afiliados y hay 3,5 millones que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de que las AFP se hagan cargo de ellos.

 ¿Por qué?

 –Porque no tienen los 20 años de aportes que exige la ley. Otro de los problemas es que es un sistema con muy baja cobertura. Existen solamente un 10 por ciento de cotizantes en las AFP que lo hacen todos los meses en el año. En promedio, la densidad del sistema es cinco meses al año. Entonces, el 50 por ciento de los trabajadores (5,5 millones personas) no tienen ninguna posibilidad de jubilarse por las AFP porque no les alcanza siquiera para el mínimo.

 ¿Qué ocurre con esas personas?

 –Ya hay 1,5 millón de afiliados a las AFP que fueron socorridos por el Estado. El tema es qué va a pasar cuando sean 3,5 millones. En ese momento vendrá el desastre. Actualmente, a 27 años de operar el sistema, las AFP en Chile se hacen cargo del 5 por ciento de los adultos mayores de 65 años.

 ¿Por qué tan pocos?

 –Hay muchos que todavía no se jubilan. Pero aquellos que lo han hecho tienen una pensión muy baja, y en consecuencia el Estado es quien debe hacerse cargo de completar la diferencia. Entonces, el Estado, con su antiguo sistema de reparto, se hace cargo del 80 por ciento de los mayores de 65 años y del 90 por ciento de los mayores de 70 años. El Estado hoy atiende a 1,5 millón de personas y el sistema privado, a 550.000. Entonces, básicamente este sistema opera para un sector muy minoritario y el gran esfuerzo viene por el lado del Estado. Por lo tanto, el sistema de reparto en Chile no ha terminado, mientras las AFP registran de manera estable una utilidad del 30 por ciento sobre aportes y de un 50 por ciento sobre patrimonio neto.

 ¿Piensa que el sistema argentino tendría un futuro similar si no se estatizara?

 –Sí, porque el sistema no está hecho para resolver el tema previsional, sino que es un nicho de negocios financieros, como en Chile. ¿Cómo lo va a resolver si es un sistema cuyos costos de operación son cuatro veces superiores al sistema público? Es absurdo. Si hay algo que debería cumplir este tipo de inventos, por los grandes paradigmas del liberalismo, es dar libertad: pero no hay libertad. Hay 6 AFP, de las cuales 3 administran el 80 por ciento de los fondos. Es un oligopolio. No hay ninguna competencia. Se debería esperar que los costos, a medida que se va introduciendo más gente, tiendan a disminuir, y no han disminuido: se mantienen sistemáticamente en el 30 por ciento.

 Chile mantiene un crecimiento constante desde hace muchos años. En cuanto a la rentabilidad, ¿las AFP son eficientes administrando?

 –Esa es una de las grandes falencias del sistema. La rentabilidad real, la que debería interesar, es la tasa interna de retorno, esa rentabilidad implícita en el largo plazo, incluyendo cuando aumentan los fondos como cuando disminuyen. Esa rentabilidad históricamente está en torno del 5,9 por ciento. Y si se toma el período 1995/2000, esa tasa interna de retorno, que ha sido calculada en Chile por un centro de investigación muy prestigioso, fue estimada en torno del 2,9 por ciento. Y en Chile hay unas cuentas de ahorro muy antiguas, que son las cuentas de ahorro del Banco del Estado, que yo me acuerdo que de niño mi papá me abrió una de ellas, que pagan la tasa más baja del mercado, y tienen una tasa de 4 por ciento anual.

 Los fondos disponibles por las AFP son bajos.

 –Claro, porque no es un 5 por ciento sobre 100, sino sobre 70, porque primero sacan sus comisiones Y después, ante la primera crisis financiera, dicen: “Su fondo bajó en 20 por ciento”. Entonces, al final, obviamente, el sistema no puede funcionar, porque está orientado de manera prioritaria a producir un proceso de acumulación y concentración de capital. La pensión que pagan no supera los 150 dólares promedio. Y el sistema público, de reparto, que atiende al 80 por ciento de mayores de 65 años, está pagando en promedio 250 dólares. Los miembros de las Fuerzas Armadas, que no entraron en el sistema, que cuando tenían todo el poder con Pinochet crearon su propio sistema, están teniendo pensiones de 700 dólares.

 ¿Se debate en Chile el régimen de AFP?

 –Por suerte la reforma en Argentina abrió el debate.

 CLAVES

Jubilaciones

Las AFP nacierohace 27 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

 La crisis financiera internacional expone el fracaso del modelo chileno de jubilaciones privadas.

 Desde el comienzo de ese régimen, los accionistas de AFP acumularoganancias por 15.000 millones de dólares.

 La jubilaciópromedio para sus beneficiarios es apenas el equivalente a100 dólares, mientras que el 50 por ciento de los aportantes a las AFP no tiene acceso a una pensiómínima.

 Para complementar las jubilaciones de aquellos trabajadores afiliados a las AFP, el Estado chileno aporta el equivalente al 6 por ciento del PBI.

 Las AFP reuníafondos por 69.000 millones de dólares: durante el período que va desde el 25 de julio de 2007 al 26 de octubre de 2008, perdiero25.000 millones de dólares por la caída de los activos financieros.

 Cash entrevistó a dos especialistas chilenos, Marcel Claude y Carlos Ominami, que explicael fracaso de las AFP, el espejo de las AFJP.

La recesión se puede evitar

 Por Mark Weisbrot *

¿Puede Sudamérica escapar a la ira de las tormentas económica y financiera que tienen su epicentro en Estados Unidos? Desde que el colapso financiero comenzó a mediados de septiembre, los mercados de bonos de la mayor parte de la región (Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela) han sido golpeados, así como la mayoría de Bolsas de Valores y varias monedas. La precipitada caída en los precios de las materias primas (commodities) en los últimos meses también ha reducido los ingresos por exportaciones y fiscales en varios países (Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile), en donde anteriormente, los altos precios para los cultivos agrícolas, minerales e hidrocarburos contribuyeron a que se diera una racha de crecimiento económico durante los últimos años.

 Sin embargo, existen buenas razones para creer que Sudamérica, en particular, puede sobrevivir a esta tormenta con el menor daño si implementa las políticas macroeconómicas adecuadas. En primer lugar, los países de la región no tienen vínculos tan fuertes con la economía estadounidense, la cual se encuentra en el medio de una profunda recesión. Las exportaciones de Brasil y Argentina a Estados Unidos, por ejemplo, representan menos del uno por ciento de las economías de esos países. En segundo lugar, las instituciones financieras de esos países, por varias razones, no adquirieron los títulos tóxicos con garantía hipotecaria y otros “activos problemáticos” que han causado el colapso de bancos en Estados Unidos, e incluso en Europa, ni tampoco tomaron parte en el tipo de sobreendeudamiento y otras prácticas riesgosas que han derrumbado el sistema financiero estadounidense.

 Así que no hay razones para anticipar que Sudamérica enfrente el tipo de problemas económicos que en la actualidad acosan a Estados Unidos. Sin embargo, Sudamérica aún está vinculada con la economía mundial a través del comercio y de la inversión y se verá afectada por la desaceleración económica mundial. Es por eso que tendrá que seguir políticas monetarias expansionistas y, específicamente, fiscales –al igual que lo están haciendo los países ricos– para así mantener un crecimiento económico saludable.

 China hizo lo mismo durante la crisis económica asiática hace diez años y mantuvo un sólido crecimiento mientras que sus vecinos –Indonesia, Corea del Sur, Tailandia y otros países– sufrieron serias pérdidas en la producción y el empleo y presenciaron cómo decenas de millones de personas se sumían en la pobreza. China está ahora respondiendo de manera similar a la crisis actual, decidiendo esta semana aumentar el gasto en infraestructura, transporte y programas de bienestar social durante los próximos dos años en 587 mil millones de dólares.

 Los países en desarrollo enfrentan una restricción que Estados Unidos o Europa no tienen cuando optan por estimular sus economías: sus monedas no son “monedas fuertes” aceptadas por el resto del mundo y por eso deben contar con suficientes divisas para evitar una crisis en la balanza de pagos. Afortunadamente, hoy en día Sudamérica se encuentra bien situada: la mayor parte de la región cuenta con grandes cantidades en reservas. Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, tiene más reservas, en relación con su economía, que China. Pero la región aún está sujeta a temores irracionales que pueden desestabilizar sus sistemas financieros. Por ejemplo, ninguno de estos países va a entrar en la moratoria de su deuda y, sin embargo, la mayoría de los precios de sus bonos sufrieron un colapso y los rendimientos se dispararon cuando se inició la crisis financiera. Por esta razón, Sudamérica podría utilizar un fondo de estabilización al cual podrían acudir los países para garantizar la estabilidad financiera. Sería muy poco probable que un fondo como éste de hecho sea utilizado –su existencia negaría la necesidad de acudir a él–. Washington y sus socios como el Reino Unido están tratando de reunir fondos de países con grandes cantidades de reservas, como los Estados petroleros del Golfo. Pero quieren que cualquier acuerdo de estabilización pase por el FMI. Esto es muy riesgoso para Sudamérica, y es innecesario.

 Sudamérica debe acudir directamente a países que tienen grandes cantidades de reservas internacionales en exceso, como China ($1,9 billón), Rusia ($556 mil millones), Abu Dhabi (con una cantidad estimada en $875 mil millones) y otros para un fondo de estabilización que esté fuera del FMI. Los detalles son menos importantes que la urgencia por conformarlo prontamente. Por supuesto, Washington va (y ya lo está haciendo) a utilizar su poder político para lograr que los países con reservas en exceso utilicen al FMI como intermediario. Por otro lado, los gobiernos sudamericanos también deberían abogar ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. para que prohíba la vinculación de onerosas condiciones a cualquier tipo de préstamo que salga del FMI. Los créditos que imponen condiciones contractivas en un período de desaceleración económica son algo imperdonable. Y ante una posible recesión global, la inflación no es un problema serio en estos momentos. Sudamérica puede mantener su crecimiento económico durante esta recesión mundial, así como lo hará China. Al igual que para los países ricos, las políticas macroeconómicas expansionistas serán clave. Pero un poco de ayuda externa para un fondo de apoyo a la balanza de pagos podría jugar un papel importante en asegurar que esto suceda.

 * Codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington

 (sumplento cash de página 12)

  

Los diputados vetaron a la presidenta Cristina

 La Comisión de Recursos Naturales rechazó el veto a la ley de protección de glaciares. Si se vuelve a aprobar, CFK no podrá hacer nada.

 El polémico veto de Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares fue rechazado este martes por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes intentarán que el tema sea respaldado en el recinto.

 En la reunión, los bloques opositores decidieron presentar mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria un pedido para que el proyecto sea debatido en la sesión, donde para ratificar la ley es necesario el apoyo de los dos tercios de los votos.

 El presidente de la Comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), consideró que el rechazo presidencial a la norma fue "contradictorio y débil", e impone "el derecho de propiedad" de las empresas mineras por sobre "el derecho ambiental".

 En declaraciones a Criticadigital, Bonasso había advertido que insistiría en "la aprobación de la ley tal como está": "El único argumento que tienen los legisladores oficialistas para no aprobar la ley es la obediencia debida", disparó.

 La decisión de la Presidenta había despertado reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.

 El líder de la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, en diálogo con Críticadigital, atacó duramente el rechazo presidencial. “Cristina se va a tener que hacer cargo de su corresponsabilidad en la destrucción de los glaciares nacionales. Es un cóctel fatal entre la incompetencia de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y los ‘consejos’ de la Secretaría de Minería”.

 Luego Montenegro fue más allá y habló de un claro mensaje hacia las mineras. “Con este veto, tienen vía libre para seguir explotando a mansalva el suelo argentino”.

 LOS CAMINOS DE LA LEY. Una vez que llegue a Diputados se necesitará de los dos tercios de los votos positivos tanto de la Cámara Baja como luego en el Senado para transformarse la ley. De lograrse, Cristina estará obligada a promulgarla.

 La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta con 47 legisladores presentes y en concreto prponía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, como lo posee Chile.

 En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance.

 Pero Fernández de Kirchner argumentó en el decreto 1837/08 que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.

 LA SOMBRA DE BARRICK GOLD. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso amenazaba los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de u$s 2.400 millones en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.

 El proyecto sanjuanino Pascua Lama, de Barrick, enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno de ese país después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio. Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.

 No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre cómo compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo, y por la estructura impositiva que debe afrontar Barrick en la Argentina, superior a la que paga en Chile